Sobre el Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet

Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.
Articulo 20.5 de la Constitución Española.

Ha saltado la alarma. Internet arde rabioso contra una nueva ley vil, uraña y ruin, que pretende esconderse bajo el amparo del pomposo y solidario título «Ley de Economía Sostenible». A modo de resumen de los preceptos legales objeto de polémica, el ministerio de cultura pretende crear una comisión, un órgano administrativo con potestad para cerrar páginas webs sin necesidad de autorización judicial previa. Los impulsores de esta reforma legal se escudan alegando que esta nueva regulación solo pretende proteger la propiedad intelectual, que atacará a las páginas de descargas de contenidos protegidos por derechos de autor, y que para casos de libertad de expresión o de información seguirá siendo necesaria la intervención judicial. Lo que no dicen es que quien determinará cuando se trata de casos que afecten a la libertad de expresión o de información será el propio órgano administrativo objeto de crítica. Hecha la ley, hecha la trampa. Solo que en esta ocasión, los tramposos son los propios impulsores de la norma.

Ya han aparecido las primeras iniciativas para luchar contra esta medida de reminiscencias fascistas. Una cantidad ingente de páginas webs españolas e incluso internacionales, se han hecho eco y se han adherido al manifiesto «En defensa de los derechos fundamentales en Internet» que pretende unir esfuerzos para combatir semejante anacrónismo legal. Así mismo en Facebook y Twitter, las páginas y hashtags sobre el tema rebosan de adeptos.

En vistas del revuelo originado, el Ministerio de Cultura convocó a ciertos bloguers y personalidades de renombre en internet, conocidos popularmente como la «Lista Sinde«, para intentar apaciguar los ánimos y llegar a un simbólico consenso (tarde y mal). Sin embargo, tal y como cuenta uno de los invitados, Julio Alonso (fundador y director general de Weblogs S.L.), la reunión en sí, fue poco menos que un fracaso. La ministra permaneció durante poco tiempo en el evento y sentenció que el polémico anteproyecto de ley no va a ser modificado, como mucho será objeto de negociación parlamentaria. Aún así, y debido a las movilizaciones masivas de ciudadanos por todo el país, el propio Zapatero, en unas declaraciones que solo pueden considerarse como una desautorización para con su ministra, aseguró que no se cerraría ninguna página web sin autorización judicial previa.

A modo de opinión personal, para empezar, me parece una norma posiblemente inconstitucional, pues colisiona de lleno contra el articulo 20.5 de la Constitución Española. Además es una burda intromisión al poder judicial. Éste se rige meramente por la ley y no por los intereses de los Lobbys que gobiernan tiránicamente una industria rancia y condenada al cambio (que no a la desaparición). Estos entes avaros y difusos han sido quienes, en realidad, han intentado dar un patético y mal disimulado rodeo legal para conseguir sus objetivos: continuar repartiéndose el pastel como hasta antes de la existencia de internet, ajenos a la revolución tecnológica que está conquistando a la sociedad entera.

El problema, no parece tener fácil solución; la propiedad intelectual merece protección, el mercado que comercia con ella está condenado al cambio quiera o no quiera, y ante todo, el acceso a la cultura no solo debe protegerse sin también garantizarse. Pero querido poder ejecutivo, vulnerar los derechos fundamentales, no es el camino.